En múltiples ocasiones se ha denunciado el poder y los alcances de las redes de pederastia, de prostitución forzosa y de trata de personas que existen en México. Frente a ello, las autoridades gubernamentales han argumentado que no se cuenta con leyes suficientes para prevenir, sancionar a quienes cometen estos crímenes y proteger a sus víctimas. Sin duda, el marco jurídico para prevenir y sancionar el crimen de la trata de personas debe mejorarse.
El caso de la periodista Lydia Cacho (que escribió un libro llamado “Los demonios del edén- El poder detrás de la pornografía”) y las recientes declaraciones del ex abogado de Jean Succar Kuri, el empresario acusado de pederastia y que públicamente ha aceptado, de manera cínica, hay que decirlo, haber sostenido relaciones sexuales con menores de edad, nos llevan a pensar en los niveles de corrupción y en las terribles implicaciones que tienen estos hechos en la vida de las niñas que fueron abusadas y violentadas. Este asunto debe llamarnos a la indignación colectiva, no sólo por las violaciones a los derechos humanos de Lydia Cacho, por los intentos de autoridades de obstruir la aplicación de la justicia, o por el ya mencionado daño ocasionado a las víctimas involucradas y lastimadas por Succar Kuri; la indignación debe mostrarse porque a pesar de múltiples denuncias que han realizado numerosas organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos, las autoridades no han sido capaces de movilizar los recursos suficientes para frenar y desarticular a las redes que prostituyen y someten a las peores vejaciones a niñas, niños, adolescentes y mujeres de todas las edades. La compleja realidad que se nos presenta en torno a la trata de personas, en particular de niñas y niños es además sumamente siniestra. ¿Cuántas autoridades están involucradas? ¿Cuántos políticos, cuántos empresarios y cuántos funcionarios públicos participan en estas redes? En el mercado negro, las cintas de pornografía infantil están cotizadas entre los 2 mil y los 5 mil dólares, dependiendo del contenido y su duración. Sin embargo, ha llegado a tal extremo el fenómeno, que redes abiertas de Internet permiten descargar imágenes y videos de la red con contenidos de pornografía infantil y pederastia. Programas como Limewire o E-donkie, entre otros programas para descargar música, videos y fotografías de manera gratuita de Internet, utilizando ciertas combinaciones de palabras de búsqueda, permiten descargar cantidades inusitadas de videos de pornografía infantil, violencia extrema o actividades ilícitas, crueles y degradantes, como las peleas entre menores de edad, peleas callejeras o peleas de animales. Hoy las familias, en particular los padres de familia, deben estar alertas ante el uso que sus hijos hacen de la red. Deben movilizarse para aprender a utilizar los filtros de protección para evitar la posibilidad de visitar estas páginas y programas, pero sobre todo, para dialogar con sus hijos sobre la necesidad de acabar con este tipo de prácticas que constituyen terribles abusos y las peores formas de maltrato y abuso contra los niños. Los padres de familia deben alertarse para hacerle comprender a sus hijos, que cada vez que visitan una página de este tipo; que cada vez que descargan un video con pornografía infantil están fomentando que más niñas y niños sean violentados, que más niñas, niños y mujeres sean víctimas de la explotación, el secuestro, la tortura, el abuso sexual y en ocasiones hasta el asesinato. Programas y redes abiertas como las señaladas deberían desarrollar la capacidad de bloquear este tipo de videos, y dar parte a las autoridades cuando se detecta a un usuario que está subiendo estos materiales a la red, y asimismo tener la capacidad para retirarlo de la circulación y evitar que más personas puedan envenenarse a través de la enferma práctica de consumir videos y material pornográfico en el que se abusa de las personas.
Que redes como Limewire, E donkie y otras más permitan la circulación a través de sus buscadores y computadoras centrales de estos materiales, las convierte en cómplices activos de las redes de criminales que promueven, en aras de mayores ganancias, que más personas tengan acceso a estos materiales y fomentar el consumo de estos materiales que son en todos los casos degradantes de la dignidad y la condición humana.
La Merced o el barrio de Santo Tomás en pleno Centro de la ciudad de México, Tapachula en Chiapas, Acapulco, Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Tenancingo en Tlaxcala, Tijuana y Ciudad Juárez, Celaya en Guanajuato, han sido señalados como focos rojos en la práctica de la pederastia y el crimen de la trata de personas y las autoridades no han sido capaces de montar operativos para la investigación y, en su caso, la sanción de las redes criminales que operan explotando y abusando de mujeres, niñas y niños.
Es importante que cada vez haya más información y que cada vez haya más investigadores y organizaciones de la sociedad civil que se están sumando al análisis, estudio y combate a este crimen. En ese trabajo, en fechas próximas Ediciones B, en una coedición con CEIDAS, A.C., pondrá a disposición del público el libro de Víctor Ronquillo, “Trata de personas, los niños de nadie”, el cual está acompañado del documental del mismo título, producido por CEIDAS y Producciones 40. Estos esfuerzos deben multiplicarse. Es impostergable que más autoridades cobren conciencia de que no es posible continuar permitiendo la actuación impune de criminales que son capaces de convertir a las personas en mercancías y juguetes de un placer enfermo y perverso que consiste en la degradación y la humillación de los más débiles y vulnerables.
Urgen más apoyos, más recursos y más voluntades trabajando sobre el tema. Es deseable incluso que la iniciativa privada, que las familias y las comunidades trabajen juntos, dialoguen y se informen sobre cómo prevenir este crimen y cómo evitar que en cualquier momento, alguno de sus miembros se convierta en víctima de la trata de personas.
Debemos alertar a las familias y decirles que cuando alguno de sus miembros desaparece, puede estar siendo víctima de la trata y que por ello debemos estar todos atentos para lograr construir una cultura de la denuncia, del cuidado de los más desprotegidos y sobre todo, de una cultura que permita erradicar la tolerancia social ante la despiadada violencia que hay en México contra niñas, niños y mujeres.
La horripilante realidad de la trata de personas nos cuestiona a todos. Como sociedad estamos en deuda con los más de 85 mil niños que, según el Relator de la ONU contra la venta de niños, la prostitución infantil y la trata de personas, señala que cada año son víctimas del crimen organizado en México.
La pregunta obligada frente a todas las autoridades del Estado es, ¿hasta cuándo van a tolerar que haya políticos corruptos que encubren y obstaculizan la sanción y la investigación de presuntos delincuentes que perpetran este crimen? ¿Hasta cuándo se va a seguir tolerando la violación de los derechos de las víctimas? ¿Hasta cuándo no vamos a contar con un sistema de protección, atención psicológica y reintegración social de quienes han sufrido tal infierno? ¿Hasta cuando vamos a permitirnos seguir viviendo teniendo al lado la inmundicia de los pederastas? ¿Hasta cuándo?
Fuente: diario La Crónica de Hoy. Autor: Saúl Arellano.
