Es un hecho inédito en América Latina: por primera vez se va a juzgar a un ejecutivo de una multinacional radicada en territorio argentino. El pasado 28 de mayo Julián Patricio Rooney, Vicepresidente Primero y Gerente General y de Asuntos Corporativos de la más grande e importante multinacional la Minera Alumbrera Ltd., fue procesado -sin prisión preventiva- por pedido del fiscal general Antonio Gómez ante la Cámara Federal de Apelaciones Nº 2 de Tucumán acusado del delito de contaminación peligrosa para la salud previsto en el artículo Nº 55 de la Ley de Residuos Peligrosos (24.051) en coordinación con el artículo Nº 200 del Código Penal de la Nación (11.179, T.O. 1984 actualizado), delito que se reprime con reclusión o prisión de tres a diez años.
La Minera, cuyo nombre completo es en realidad Minera Alumbrera Ltd-Ymad UTEL, es la mayor empresa extranjera de su tipo en el país. De capitales australianos y canandienses, extrae y exporta oro y cobre (entre otros minerales) de Catamarca y parte de ellos los transporta vía terrestre hasta un puerto propio sobre el río Paraná, en San Lorenzo (provincia de Santa Fe), desde donde se exportan a distintos países del mundo y de la cual se estima que invirtió 1.100 millones de dólares durante los '90 (empezó a producir en 1997); sus exportaciones se estiman solo en oro y cobre en 270 millones de dólares, y es socia y protegida por el gobierno de Catamarca, por la Universidad Nacional de Tucumán (también socia de Minera Alumbrera-Ymad UTE) y goza de una espectacular cobertura territorial en Catamarca y en Tucumán a fuerza de profusas "colaboraciones" con los estados provinciales, municipales y todas las instituciones de la ciudadanía que requieran de su "ayuda". A cambio, se entiende, de no cuestionar las "bondades" del proceso productivo minero.
Después de insistir constantemente ante el gobierno tucumano, la fiscalia consiguió los estudios de impacto ambiental de la empresa minera donde están consignadas las descargas de efluentes industriales sin previo tratamiento de descontaminación (constituyendo a su vez como sustancias nocivas para la vida) en el canal artificial DP2, en localidad de Ranchillos (departamento de Alta Gracia, provincia de Tucumán), y cuyas aguas confluyen con los dique El Frontal en Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, y que, a su vez, es parte del sistema hídrico del río Paraná, luego, río de La Plata. "Se encuentra demostrado, asimismo, que aquel es utilizado como canal de desagüe, para fuente de agua de animales, riego de hortalizas y, eventualmente, bebida de personas". Estas consideraciones fueron brindadas por los camaristas Ernesto Wayar (presidente), Graciela Fernández Vecino y Raúl David Mender. En disidencia se manifestó Ricardo Sanjuán, mientras que Marina Cossio de Mercau se encontraba en uso de licencia.
Los camaristas insistieron: "los representantes de la empresa minera conocían que su producción estaba infringiendo los requerimientos ambientales determinados mediante normativas específica sobre el canal DP2. Por eso, oportunamente, pusieron en funcionamiento una planta de tratamiento de efluentes, pese a lo cual, con posterioridad a su inauguración, se detectaron niveles no permitidos de contaminación".
La denuncia contra Rooney se había presentado hacia casi 9 años (1999) por parte del biólogo tucumano Juan Antonio González, ex funcionario que ocupó la Dirección de Medio Ambiente de la Provincia de Tucumán entre 1999 y 2003 durante la gobernación de Julio Miranda, por los niveles de metales encontrados en el agua del canal DP2, donde desemboca el mineraloducto que transporta los minerales.
La fiscalía a cargo de Carlos Brito había pedido en su momento el procesamiento a Rooney, pero el destituido juez federal de Catamarca Felipe Terán había declarado la falta de mérito para la causa al directivo. No obstante, gracias a la obstinada investigación del fiscal Brito, consiguió nuevos elementos para apelar el fallo de Terán. Ahora la resolución de la Cámara de Apelaciones revocó dicha sentencia y, en consecuencia, dar lugar a la acusación. Ahora, el actual juez federal Mario Racedo deberá disponer un embargo sobre los bienes del ejecutivo por la suma que considere adecuada. Pero, al mismo tiempo, según resolvió el tribunal "deberá activar las investigaciones relacionadas con diversas denuncias relacionadas con posibles procesos de contaminación por parte de Minera Alumbrera en diferentes puntos de la provincia, que no han sido debidamente investigados".
Al tomar conocimiento de la resolución judicial, desde la firma aclararon que si bien siempre fueron y seguirán siendo respetuosos de la Justicia, están en absoluto desacuerdo con este fallo. Argumentaron que "el cumplimiento de las normas por parte de Minera Alumbrera surge evidente de los innumerables controles a los que la misma ha sido sujeta por parte de las autoridades nacionales y provinciales, sin que sus operaciones hayan merecido observaciones. Señalaron además que el área de responsabilidad de Rooney en la firma son las relaciones institucionales, "no teniendo el mismo responsabilidad alguna sobre los hechos considerados en la causa, lo cual fue debidamente planteado; su procesamiento carece de todo sustento jurídico".
Asimismo, se mostraron confiados en que "el curso de esta investigación, a la que Minera Alumbrera continuará contribuyendo, generará la oportunidad para que la Justicia pueda finalmente confirmar el cuidado y respeto al medio ambiente con que la empresa procede, lo cual no hará más que ratificar lo que al día de la fecha numerosos estudios han ya demostrado".
El juicio oral se concretará no antes de 2009. Allí todas las partes tendrán la posibilidad de dar sus razones y tratar de aportar las pruebas para convencer al juez, que será quien emita sentencia definitiva.
Será una oportunidad para que La Alumbrera explique en detalle todos sus procedimientos, y, de paso, escuche, entre otros, a Juan Antonio González, el biólogo tucumano que inició la denuncia en soledad, y que ahora disfruta de su hora.
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